Causa de los cuadernos: Carlos Wagner reveló detalles del circuito de pagos ilegales al kirchnerismo

Carlos Wagner fue uno de los empresarios más poderosos durante el kirchnerismo. Fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y con su empresa Esuco consiguió contratos de obra pública por $7 mil millones. Su nombre aparece en los cuadernos de Omar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, que destapó el escándalo de los sobornos para financiar las campañas de Néstor y Cristina Kirchner.

Wagner es uno de los empresarios arrepentidos en la causa y en su declaración aportó datos clave para la investigación, y luego fue excarcelado. En su presentación del viernes pasado ante el fiscal federal Carlos Stornelli involucró a la exmandataria con el pago de los sobornos. Dijo que tanto ella como el exministro K de Planificación Julio De Vido sabían de los pagos irregulares que contratistas de obra pública le hacían a Baratta, mano derecha de De Vido.

"Todos sabían que yo era el amigo de De Vido. En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente (Néstor Kirchner) debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública -me dijo-, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos", declaró Wagner ante el fiscal Stornelli, según consignó La Nación.

Dijo además que las compañías constructoras que ganaron licitaciones de obra pública durante las administraciones K estaban adjudicadas previamente y que todos los que participaban sabían de estas irregularidades. El empresario explicó además que el pago de sobornos era una condición fundamental para seguir integrando el llamado "Club de la obra pública", en referencia a las empresas que participaban de estas licitaciones.

Según la versión de Wagner, las empresas se reunían en lugares establecidos como la sede de la Cámara de empresas viales y "determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían". "Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos", detalló.

Los anticipos financieros oscilaban entre un 10 y 20 por ciento del total de la obra. Una vez deducidos los impuestos, las empresas contratistas debían "entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno". En caso de que la obra no tuviese adelantos, "se establecían montos equivalentes que se pagaban de los primeros tres certificados de obra".

Los retornos siempre, según Wagner, eran entregados a los recaudadores del Gobierno: Roberto Baratt y José López determinaban quién iba a retirar el dinero negro y por dónde. El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción también reconoció que su función "era garantizar que el señor que ganaba la licitación les pagara. Si el contratista no cumplía, me responsabilizaban a mí y me dificultaban los pagos de los certificados de mi empresa. También le dificultaban los pagos a la contratista que no había cumplido (sic)".

El detalle de la declaración de Wagner, que consigna Clarín, se conoce el día previo a la presentación de Cristina en Comodoro Py, donde será indagada por el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación. Vía Twitter, la senadora de Unidad Ciudadana confirmó que se va a presentar en los tribunales y pidió que no haya movilizaciones en su apoyo.

De acuerdo a las anotaciones de Centeno, Baratta recogía las coimas de diferentes empresarios para luego entregar la plata en el departamento que compartían Néstor y Cristina Kirchner en Recoleta, o incluso en la propia Quinta de Olivos.

Hasta el momento cinco empresarios confesaron que entregaron dinero a exfuncionarios del kirchnerismo por coimas o aportes de campaña: Armando Lorson (Grupo Albanesi), Juan Carlos De Goycoechea (Isolux), Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (IECSA) y Héctor Alberto Zabaleta (Techint). Todos ellos se acogieron a la figura del arrepentido.

El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción es uno de los hombres de negocios con mayor conocimiento de la relación entre el Gobierno y los empresarios que participaron de la obra pública durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

En paralelo a la causa de las coimas, en mayo pasado el juez federal Sebastián Casanello lo procesó en una causa de defraudación por la construcción de plantas potabilizadoras de AySA, obras encargadas a la compañía brasileña Odebrecht, involucrada en un megaescándalo de sobornos en la Argentina y otros países de Latinoamérica.